El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas es un órgano constitucional dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Su jurisdicción administrativa la ejerce para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación.
Forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y está sujeto a las bases establecidas en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 154 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas y en las de su Ley Orgánica.
El Tribunal tiene competencia para conocer de juicios en materias fiscal y contencioso administrativa, así como para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, y en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos del Estado y municipios, así como a los particulares involucrados en hechos de corrupción vinculados con dichas responsabilidades, en los términos que dispongan las leyes aplicables.
Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.